Por Sandra Naranjo Bautista
La pandemia ha evidenciado las fortalezas y debilidades en las políticas y sistemas económicos de diferentes países, así como su capacidad para responder adecuadamente a la crisis. El COVID-19 ha reforzado la necesidad de tener gobiernos más fuertes, eficientes y efectivos que creen igualdad de oportunidades para todos. Perú es un caso interesante. A pesar de responder con las medidas más drásticas de América Latina y el paquete de estímulo fiscal más grande de la región ( 17 por ciento del PIB), ha sido uno de los países más afectados por la pandemia. Al 23 de julio de 2020 Perú se encuentra entre los diez países del mundo con más casos y defunciones totales. ¿Qué sucedió? Si bien no se puede estar seguro de las causas de un fenómeno tan complejo y multifacético, parecería que ciertas características estructurales del Perú han jugado un papel clave. Quiero destacar cinco.
1. La vulnerabilidad de ingresos
Perú impuso una de las cuarentenas más estrictas y largas en el mundo. Su cumplimiento fue una historia diferente. Mientras que algunos afirmaban que era simplemente un problema de comportamiento de las personas, parecería más bien ser un reflejo de los desafíos estructurales del país. La informalidad laboral supera el 70%, una de las tasas más altas a nivel mundial y muy superior a países con un nivel de desarrollo económico similar al de Perú. Sectores como el turismo, el comercio y el transporte – que absorben una parte importante del empleo informal -, básicamente pararon desde mediados de marzo, lo que implica que no hay trabajo y por ende no hay ingresos para estos trabajadores informales. Para las familias que necesitan su ingreso diario para sobrevivir, de repente dejar de trabajar no es una opción. En una encuesta reciente, había más personas preocupadas por no generar ingresos que por infectarse con el virus .
2. Malas condiciones de vida
La vulnerabilidad de los ingresos y precarias condiciones de vida exacerban la necesidad de salir del hogar, debilitando así medidas preventivas de distanciamiento social y de salud. La rápida y desorganizada urbanización de Perú contribuyó a generar un gran déficit habitacional que impulsó a familias de bajos ingresos a acceder a viviendas informales de baja calidad, sin títulos de propiedad y con servicios deficientes en áreas periféricas de las ciudades. Vivir lejos de los centros económicos implica alta movilidad para trabajar, comprar productos básicos, e incluso para acceder a transferencias del gobierno. Si bien la prestación de servicios básicos ha mejorado sustancialmente, la calidad y continuidad de los servicios sigue siendo deficiente en zonas rurales y periurbanas. Por otra parte, el acceso a agua, que es esencial para el lavado de manos recomendado para combatir el virus, puede ser cinco veces más caro en asentamientos informales en comparación con otras zonas residenciales.
Los mercados, por ejemplo, se convirtieron en uno de los lugares de alta transmisión del virus. Varios factores contribuyeron. Una combinación de elementos culturales, como preferir productos frescos, pero principalmente la incapacidad de almacenar alimentos durante muchos días debido a restricciones de ingresos o restricciones físicas (por ejemplo, el 42% de la población no tiene refrigerador en casa). Políticas equivocadas, como limitar los horarios de atención, también contribuyeron a la aglomeración en mercados.
3. Baja calidad del sistema de salud
El sistema de salud de Perú estaba aún menos preparado para la pandemia que otros sistemas de salud de América Latina. A pese de ser una de las “economías con mejor desempeño de América Latina”, Perú ha tenido históricamente el gasto en salud más bajo de la región (5% del PIB), muy por debajo del promedio latinoamericano (8%). Perú también está muy por debajo del promedio en términos de camas de hospital, unidades de cuidados intensivos, médicos y enfermeras en relación con el tamaño de su población. Las debilidades del sistema de salud se sienten en Lima, pero son aún peores en otras áreas como Iquitos en la Amazonía.
4. Falta de sistemas de protección social para los más vulnerables
A pesar de un destacado historial de reducción de pobreza en las últimas décadas, al menos el 40% de la población sigue siendo vulnerable y persiste la desigualdad en términos de ingresos y desarrollo humano. El extenso paquete de ayuda de Perú carecía de los sistemas necesarios para realizar las transferencias de manera efectiva, con la velocidad y los niveles requeridos. Perú tiene uno de los niveles más bajos de protección social de la región. Por ejemplo, un tercio de la población, concentrada entre quienes trabajan de manera informal, aún no tiene acceso a los sistemas de seguro de salud. Los programas de protección social se centran en las zonas rurales y aún tienen baja cobertura.
La respuesta a la pandemia requirió que el estado identificara a las poblaciones vulnerables antes eran “invisibles”, particularmente en áreas urbanas. La falta de una base de datos adecuada de beneficiarios retrasó el proceso. Los programas de transferencia tuvieron que adaptarse sobre la marcha. Después de una serie de tropiezos, el gobierno terminó creando una transferencia universal para cualquier persona que ganara por debajo de un cierto umbral de ingresos (verificado con el sistema tributario y el regulador bancario) en un esfuerzo de evitar excluir a un gran número de hogares y trabajadores vulnerables.
Igualmente, los errores iniciales en los mecanismos de pago retrasaron el proceso aún más y convirtieron a los bancos en lugares de alto contagio. Dado que el 58% de la población no tiene una cuenta bancaria, transferencias electrónicas no siempre era posible. Los ciudadanos tenían que acudir físicamente a los bancos para recibir el dinero. Existe evidencia de que el valor de las transferencias tampoco fue suficiente para compensar la pérdida de ingresos laborales y, por lo tanto, podría haber sido insuficiente para garantizar el cumplimiento de la cuarentena (Si bien la transferencia sustituyó la renta mediana para el primer quintil, sólo compensaba 23 y 14 por ciento de la pérdida potencial de ingresos del segundo y tercer quintil).
5. Un contrato social débil
La complejidad de la respuesta al virus también requiere acción colectiva y confianza en el gobierno. En las primeras etapas de la pandemia la aprobación del presidente Vizcarra alcanzó 87% y la aprobación del gobierno 68%. Las cifras han disminuido desde entonces al 65% y 45% respectivamente. Sin embargo, la crisis no ocurrió en el vacío. Ha habido una creciente desconexión entre la sociedad y las instituciones, con bajo nivel de confianza en el gobierno y alta insatisfacción en los servicios públicos, lo cual es inusual para el nivel de desarrollo del Perú. El país está atrapado en un círculo vicioso de baja calidad de servicios, insatisfacción y baja disposición a pagar impuestos que ha impactado su contrato social. Los ingresos fiscales en Perú (16% del PIB) están por debajo del promedio de América Latina (22%). El marco fiscal de la nación se basa en gran medida en impuestos indirectos que son regresivos. De acuerdo a la OCDE Perú requiere una política fiscal efectiva para redistribuir el ingreso y lograr una sociedad más equitativa.
Además de los desafíos impuestos por las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, Perú también tendrá que abordar problemas estructurales como los altos niveles de desigualdad e informalidad, así como los bajos niveles de productividad para volver a las tasas de crecimiento económico pre-COVID-19. Esta crisis podría ser una oportunidad única no solo para volver a la normalidad, sino para repensar su modelo de desarrollo y hacer las cosas de manera diferente. Un modelo centrado en su recurso más valioso, su gente, y en la creación de igualdad de oportunidades para todos como base para el crecimiento. La frase, ahora popular, ‘nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo’ va más allá del contexto de COVID-19. Como sociedad, nadie está bien hasta que todos estén bien.
